lunes, 9 de noviembre de 2009

Pueblo Nuevo, una tierra arrebatada hace 10 años (El Heraldo)



Lo primero que vio Óscar Barrios, después de mucho escarbar, fue la barriga de su tío. El cuerpo del maestro Roberto Llanos había sido desmembrado en seis partes. Los paramilitares descuartizaron al docente para facilitar el entierro en una fosa de apenas un metro cuadrado.

Nepomuceno Barrios, hermano del difunto y quien también participó en la excavación, nunca más volvió a sonreír. El anciano está al filo de los 70 años y tiembla todo el tiempo. La muerte del único profesor de Pueblo Nuevo, corregimiento de Chivolo, Magdalena, provocó pánico entre los pobladores quienes no dudaron en salir masivamente de su terruño. El 30 de junio de 1997, cuando cuatro familiares encontraron el cadáver gracias a la información de los campesinos de una vereda cercana, el pueblo dejó de existir.

Con el temor de ser los próximos, 70 familias salieron sin llevarse sus pertenencias. “Todo se perdió, las camas, los chismes (corotos), sillas... nos quedamos sin ánimo, ni voluntad”, recuerda María con los ojos vidriosos puestos en las casas que ya nadie habita. La mujer fue una de las protagonistas del desplazamiento y regresó hace dos semanas para constatar con sus ojos lo que le habían contado: que en el pueblo solo habitaba Santa Lucía, la patrona.

Los campesinos del área rural de Chivolo, Magdalena, libran una batalla para recuperar los predios que alguna vez fueron suyos pero que por la incursión ‘para’ les fueron arrebatados. Abajo, la única pared del cementerio que da testimonio sobre los muertos de Pueblo Nuevo./ Fotos José Torres


Allí solo quedan en pie diez casas vacías hechas con retazos de madera y la iglesia firme de concreto. Dentro del templo, se observa el Cristo deteriorado como si tuviera escamas de yeso. A los lados del altar descansan dos estatuas de Santa Lucía con sus flores artificiales repletas de polvo. Los ojos de la santa tienen telarañas y el vestido celeste parece gris.

En Pueblo Nuevo los ‘paras’ acabaron hasta con el cementerio. Una pared cubierta por plantas nativas es el único vestigio de que existió un lugar para los muertos… los únicos con tierra.
Los campesinos aseguran que los paramilitares pasaron varios tractores por encima de las tumbas para apropiarse de los terrenos. Con el tiempo la maleza devoró las lápidas, se tragó las cruces y sepultó las flores.

Las tierras quedaron sin campesinos y con nuevos dueños, los mismos que se encargaron de poner cercas electrificadas para alejar a los curiosos y proteger la supuesta propiedad.

Una década después, el sometimiento de los paramilitares a la Justicia le devolvió la esperanza a los parceleros de recuperar sus predios. Pero entre la tierra y los hombres se interponen tediosos procesos legales.

En Barranquilla, las declaraciones entregadas a la Fiscalía en la primera semana de este mes por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y ex comandante del Bloque Norte, confundieron a los campesinos que llegaron al Palacio de Justicia para escuchar al que consideran su verdugo. Con las suelas del calzado desgastadas y la ropa de hace varios años decidieron presenciar la confesión de Tovar.

“Habíamos adquirido un grupo de tierras como parte de las finanzas estratégicas. Luego fueron entregadas al Gobierno”, dijo en aquella oportunidad el jefe paramilitar con su impecable vestir y peinado engominado.

Contrario a la versión de Tovar, los desplazados recuerdan con amargura que fueron obligados a salir bajo amenazas, y en el caso de los que recibieron dinero, las tierras fueron compradas a precios irrisorios. La moneda de intercambio fue el miedo.

“A mí me ofrecieron 50 mil pesos por hectárea cuando en esa época pagaban $900 mil”, afirma doña Juana Contreras, en el patio de su casa con piso de tierra, después de haber sido la dueña y señora de dos fincas con 140 hectáreas, un granero, una casa de 18 habitaciones y una ferretería. “Ahora vendo cocadas para malvivir”.



REGRESO AL CAMPO

Sumadas a las 70 familias de Pueblo Nuevo, otras cien fueron expulsadas del área rural de Chivolo. Fincas como ‘El Encanto’, ‘Bejuco Prieto’ y ‘La Pola’, que habían sido objeto de una reforma agraria, terminaron en manos de los hombres de ‘40’.
El líder de los campesinos de Chivolo, Orlando Yánez, asegura que el grupo armado se apropió de por lo menos 15 mil hectáreas en esa región.

La lucha por recuperar las tierras se inició en marzo del año pasado con la desmovilización del bloque. Aunque cerca de 2.400 hombres entregaron las armas, los predios no fueron desocupados.
Mientras ‘Jorge 40’ afirmaba ante la fiscal Deicy Jaramillo que había entregado un listado de 229 predios al Gobierno, según él deshabitados, Yánez denunciaba que los desmovilizados o testaferros permanecen en los terrenos sin que ellos puedan regresar.

En Pueblo Nuevo solo quedan en pie diez casas construidas con tablas de madera.


Tovar se atrevió, finalmente, a decir que era probable que los desmovilizados estuvieran ejerciendo posesión de los predios porque ellos también eran víctimas del conflicto.

“No tiene nada de raro que conocedores de la zona y con el deseo de sacar a sus familias adelante de pronto hayan entrado a esas tierras y estén trabajando” justificó el jefe paramilitar con un vozarrón como si nadie lo escuchara a pesar de que la boca casi tocaba el micrófono dispuesto en la sala de audiencias para los paramilitares sometidos a la Justicia.

¿DE QUIÉN ES LA TIERRA?

Entre los fallidos intentos por recuperar los predios figuran dos reuniones. La más reciente se celebró hace un mes en Pueblo Nuevo y participaron 40 desplazados. Los campesinos iban con la intención de quedarse, pero la visita de dos abogados les auguró que la tarea sería aún más difícil.

Los hombres se identificaron como asesores jurídicos de Tovar —comenta Yánez— y presentaron certificados de tradición de las tierras que figuraban a nombre de otros dueños.
La situación de Óscar, a quien le adjudicaron en 1991 una de las 37 parcelas en que fue dividida la finca ‘El Encanto’ (Pueblo Nuevo), es uno de los tantos casos sobre predios que aparecen con nuevo propietario sin haber firmado papeles.

¿Cómo se protocolizaron esos documentos ante los notarios y registradores públicos? ¿Por qué no se han protegido estos bienes? Son algunas de las preguntas que formula la defensora del Pueblo del Magdalena, Liseth Peñaranda. La funcionaria ha seguido de cerca la problemática de los campesinos del Departamento.
“Nosotros estuvimos impulsando a través del Comité Departamental de Desplazados la firma de una resolución para la protección de los bie-nes pero ni el gobernador Trino Luna, ni la gobernadora Sandra Rubiano firmaron”, reclama Peñaranda.

Tanta es la desesperación, que una comisión de campesinos se reunió hace dos meses en Plato con Armando Iglesias Castro, —uno de los mayores poseedores de tierra de la región— con el propósito de suscribir un acta de compromiso que les permitiera recobrar los predios.

Al encuentro asistieron también el alcalde de Chivolo, José Lozano, oficiales del Ejército y la Policía y un funcionario del CTI. De acuerdo con el Alcalde el compromiso consistió en que Armando Iglesias entregará las tierras si a cambio recibe el dinero que pagó por los bienes. Pero antes que las partes firmaran el documento, Iglesias solicitó los intereses del dinero.

Lozano advierte que la reclamación de las tierras es una bomba de tiempo y en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. “No puedo decirle a nadie que salga porque esa es la tierra de fulano”.

CARA A CARA

Tovar retó a los campesinos a que cara a cara le sostuvieran que eran los dueños. “Yo les compré a muchos de ellos las tierras, que me lo digan aquí mismo, en frente mío”, dijo ‘Jorge 40’ enfatizando cada una de las palabras con el dedo índice de la mano derecha que martillaba contra la mesa. El mismo dedo que se utiliza para disparar.

“Ojalá lo tuviera en frente mío para darle un pellizco y arrancarle aunque fuera un pedazo de pellejo”, dice doña Juana resignada a la escasez, mientras dibuja en la tierra el esbozo de la finca con la que sueña desde hace diez años.

Los campesinos quieren decirle muchas cosas a un ‘Jorge 40’ que creen sin armas y sin poder. Elías Obrador, quien vivió todo el proceso de la incursión paramilitar, toma aire y habla con indignación. “Yo le diría a ‘Jorge 40’ que si tan guapo era por qué le pide perdón a los familiares de los que él asesinó. Cuando ellos (‘paras’) cogían a una familia era para acabarla, para que no quedaran testigos”.

Mientras el comején debilita las viejas tablas de madera de las diez casas de Pueblo Nuevo, ‘Jorge 40’ le dice a la Justicia que recuperará toda la información sobre “las acciones de guerra”, como le llama a los homicidios, masacres, desapariciones y extorsiones.

La memoria del corregimiento está regada en el resto de la Costa, donde fueron a parar gran parte de los desplazados. Las lápidas destruidas y ocultas entre la maleza, se constituyen en el único testimonio de que existió un pueblo de casi 100 años.

El camino que de la cabecera municipal de Chivolo conduce a Pueblo Nuevo trae los recuerdos de comandantes paramilitares, los mismos que se apropiaron e hicieron de las fincas en la vía como ‘El Encanto’, ‘El Amparo’ y ‘Los Coralibes’, sus tierras y residencias. “Nada volverá a ser igual”, dice el anciano Elías.
“No pido la Ley de los hombres —sentenció doña Juana— sino el castigo de Dios porque aquí hemos sufrido mucho”. Pueblo Nuevo, un pueblo sin gente y su gente sin tierra. La violencia lo condenó a morir.


REFORMA AGRARIA FUNDAMENTAL PARA LA PAZ

Entre 1968 y 1974 pareció consolidarse un proceso de redistribución de la tierra, que fue acelerado primero por la presión del movimiento campesino, Indígena y Afrocolombiano por reforma agraria integral contra los grandes propietarios, reforma paralizada por el Acuerdo de Chicoral de 1972 y la ley 4ª de 1973, Desde 1975 el modelo comenzó a fallar por los altos costos y la falta de voluntad política y se impusieron los cultivos ilegales comenzaron a crecer fundamentalmente en las zonas de colonización, en las cuales se suponía que los campesinos, indígenas y afrocolombianos resolverían sus problemas a falta de reforma agraria.

Un acelerado proceso de concentración de la tierra en manos de los más grandes productores ha ocurrido en Colombia en los últimos 17 años, a la vez que se ha reducido en forma dramática el área sembrada. La ampliación de área de grandes propiedades dedicadas a la ganadería extensiva es una verdadera relatifundización del país, este fenómeno se acrecentó con la presencia del narcotrafico ya que la compra de tierras se consolida como un negocio en sí mismo y el precio pagado por las fincas no está determinado por su productividad agropecuaria, sino por las posibilidades de valorización del predio.

Hoy nos encontramos ante unas cifras impresionantes de pobreza, según la CEPAL el 56.3% de los colombianos es decir unos 22.6 millones de personas se encuentran bajo línea de pobreza, es decir que reciben menos de $110.000 al mes. En las zonas urbanas se encuentran bajo esta línea un 47.2% y en las rurales el 79.6%.

Luego, desde la segunda mitad de los años ochenta cuando Colombia inicia la aplicación del modelo neoliberal, el país ha sufrido profundos cambios estructurales en el ámbito macroeconómico con castratroficos costos sociales.

Lo anterior se agudiza si comparamos como está nuestro país en empleo: siete y medio millones de campesinos y cuatro millones de trabajadores urbanos, se encuentran sin empleo. De los catorce y medio millones de la población económicamente activa, ubicamos tres millones en la miseria absoluta.

Unido a lo anterior, se tiene la pérdida de 820.000 hectáreas en área cultivada en lo corrido de la década, el paso de un 4.2% de crecimiento en el lustro de 1986 - 1.989, a apenas un 2.0% en el período 1990 - 1998, y un desbalance comercial del 10.7% en exportaciones contra un 50.1% en importaciones.

Tenencia de tierra: Después de 38 años de una precaria reforma agraria en Colombia, encontramos que la tierra, el principal activo de producción agrícola, se encuentra concentrada en pocas manos, 12000 propietarios (el 0.6% del total) son dueños de 10 millones de hectáreas (el 20% del total de tierra agropecuaria), y el 82.4% de los predios rurales del país que son minifundios solo ocupan el 15.6% del área rural del país. A lo anterior se agrega: la carencia de tecnología apropiada y viable económicamente para los campesinos, indígenas y afrocolombianos, la falta de acceso a la infraestructura económica, la baja cobertura de servicios públicos, la baja cobertura del crédito institucional, que solo cubre el 24% de la demanda potencial de los pequeños productores, y que gracias a la suspensión del crédito de fomento (subsidiado) en obediencia a la política neoliberal han tenido las mismas características que para la industria, lo cual ha conllevado a la pérdida de cosechas debido a los bajos precios pagados al productor nacional.



Para los campesinos, indígenas y afrocolombianos, la tierra no solo representa un insumo productivo, sino que además es la base de la sociedad por cuanto allí se integra la familia campesina a través del trabajo familiar en la finca.

Por lo anterior, se hace cada día más relevante una reforma agraria estructural, que redistribuya no solo la tierra, sino que además lo haga con el acceso a los créditos subsidiados, la tecnología, salud, educación, recreación, deporte y demás elementos que necesita una reforma agraria integral dentro de la frontera agrícola.

El Desplazamiento: No podemos pasar por alto un fénomeno que hoy se presenta fundamentalmete en nuestras comunidades rurales y que como vemos a continuación: el pueblo Campesino, Indígena y las Comunidades Afrocolombianas representadas en sus Organizaciones sociales, son en última instancia quienes ponemos los Desplazados, los muertos, huérfanos, viudas y en fín el desarraigo total de nuestras tierras, obedeciendo a una política definida de intereses de las Multinacionales, Terratenientes, Narcotraficantes y estructuras de dominación y egemonías políticas que financiando al paramilitarismo agudizan la guerra, para desocupar el campo, razón por la cual reíteramos el rechazo al Plan colombia que junto a los Megaproyectos se convierten en la más brutal contrareforma agraria en Colombia,.

La política rentista así como la imponen no solo desocupa el campo, sino que masacra a su pueblo, acaba con la biodiversidad, cultural, natural y ambiental y atenta contra la Seguridad Alimentaria y los Derechos Humanos de los Pueblos.

En consecuencia las estimaciones sobre el acumulado de población desplazada desde 1985 hasta 1999 supera el 1.700.000 personas" y según último dato del Encuentro Nacinal de desplazados supera los dos millones (2´000.000).

La Mujer Rural : Mención especial nos merece la situación de la mujer rural sometida a las injusticias del modelo económico, desconociéndose su aporte cultural, social, en seguridad alimentaria a la nación con su trabajo, y por su condición de mujer trabajadora y madre, doblemente explotada y golpeada por la violencia.

Agudizandoce su situación al ser asesinada junto a sus comapañeros, le están cobrando su actitud solidaria con los desplazados y su postura de defensa de los Derechos Humanos, fundamentalmente se han ensañado contra las mujeres organizadas que junto al hombre reívindican los derechos, sociales, políticos y económicos, con lo que es evidente no confundir los términos ya que la lucha es contra el hambre y no contra el hombre.



PAPEL DEL CAMPESINO, EL INDIGENA Y EL AFROCOLOMBIANO EN LA ACTUAL SOCIEDAD COLOMBIANA

Las economías campesinas, indígenas y afrocolombianas son motor de la producción nacional agropecuaria y pueden elevar su importancia en la economía nacional, con un adecuado apoyo estatal, máximo si tenemos en cuenta que:

Estas economías con solo el 14% del territorio son las responsables del 44% de la producción nacional.

Un incremento previsible en el ingreso per. Capita de los países de menor desarrollo relativo, además del crecimiento demográfico mundial, conducen a esperar un aumento de la demanda de alimentos que implica la necesidad de duplicar su oferta antes del año 2020.

Las ventajas que presentan las estructuras de producción para el autoconsumo por sus efectos positivos en términos de ingreso de la población rural y de la seguridad alimentaria.

Hoy somos aproximadamente 12 millones de pobladores rurales, los que podemos aportar mano de obra a los procesos de producción.

El proceso de toma de conciencia sobre las repercusiones ambientales hace prever que en el futuro deberá adoptarse una nueva forma de contabilizar los costos de producción agrícola, irrigando sus beneficios en los precios de éstos.

Lo anterior deja sin piso los argumentos que reducen a las economías campesinas a la marginalidad nacional.

El campesino, el indígena y el afrocolombiano, viene velando por la preservación del ecosistema, se ha demostrado que las medidas coercitivas institucionales han sido insuficientes e ineficientes a la hora de brindar una real protección al medio ambiente, también se ha visto como el campesino ha sido condenado por parte de algunos sectores de la opinión nacional como el responsable único y directo del deterioro del ecosistema, sin embargo es claro que éste ha sido víctima de una estructura agraria desigual, que lo a expulsado al borde de la frontera agrícola, dejándole como única alternativa su supervivencia a costa de la del hábitat natural que le rodea. Así se ha establecido una dependencia natural entre campesinos, indígenas y afrocolombianos y ecosistema, en la cual la suerte del uno, va ligada a la del otro, así si al campesino no se le mejoran sus condiciones de vida a través del acceso a los activos productivos en el interior de la frontera agrícola, se le capacita en el manejo de los suelos de vocación forestal, y se le garantiza el acceso real a los servicios sociales, es imposible frenar el deterioro ambiental y sus posteriores consecuencias negativas para toda la sociedad.

Por último, insistir en el actual modelo de desarrollo para el campo, sería ignorar el papel protagónico que el campesinado ha tenido y mantiene en el devenir histórico del país, y en el futuro de éste, máxime si se entiende en toda su dimensión la importancia de un eventual proceso de paz exitoso, y se identifican los actores de dicho proceso.

La pertinencia social del campesinado colombiano, se observa de forma directa a través de la cadena: Pobreza urbana à seguridad alimentaria à Producción agrícola

Por tal motivo, se hace urgente la redistribución de los activos productivos en el campo, para de esta manera hacer un uso eficiente de los recursos económicos del sector, pues la concentración de éstos conlleva a monopolios, que al fijar precios por encima de los costos marginales de producción, necesariamente se hacen ineficientes económicamente, incidiendo negativamente en los hogares de bajos ingresos urbanos .Desconociendo que los campaesinos, Indígenas y Afrocolombianos aportamos el 62% de la producción que garantiza la Seguridad Alimentaria del País.

El final de siglo, las nuevas realidades del entorno político, cultural y económico del mundo, conllevan necesariamente al replanteamiento de múltiples conceptos, entre ellos el de soberanía nacional; es así, como hoy por hoy se define a ésta como la capacidad de los ocupantes de un territorio de enfilar sus esfuerzos concertadamente en torno a la construcción de un proyecto de sociedad libre, tolerante, equitativa y consciente de la ventaja que las diferencias culturales en su interior constituyen para su desarrollo.

Es por esto, que cada día se hace más relevante, en aras de la construcción de una verdadera soberanía, la comprensión y aceptación de las diferencias culturales existentes en el país, para de ésta manera poder hacer de ellas una ventaja en términos de diversidad y complejidad cultural de la sociedad colombiana, que facilite la construcción de una verdadera soberanía nacional

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

PROPUESTAS DE "ALIANZAS" Y ALGUNAS CADENAS PRODUCTIVAS

Ante la crisis del sector el Gobierno lanza algunas propuestas, buscando fundamentalmente facilitarle espacio al gran capital en su estrategia de proletarizar al Campesino, al Indígena y a las comunidades Afrocolombianas:

Actualmente, ante la insuficiencia manifiesta del modelo, el Gobierno centra su discurso en las llamadas cadenas de producción que recogen algunos productos de la economía campesina. Lejos de analizar las relaciones sociales y los circuitos económicos, demográficos y sociales, el Gobierno avanza solamente hasta las "cadenas" por producto. Se escogen principalmente productos dominados por gremios poderosos como el algodón, la palma africana y la avicultura industrial y se nos promete a los campesinos, indígenas y afrocolombianos empleo.

En realidad es imposible que una administración local descentralizada sea eficiente y mucho menos democrática, sin no se toca estructuralmente el poder de los gamonales y su régimen de propiedad latifundista. La propiedad de la tierra se liga indisolublemente al clientelismo, el tráfico de votos y la violencia que determinan el resultado de la mayoría de las elecciones locales. Para que haya una descentralización democrática en el sector rural es indispensable un movimiento campesino nacional, centralizado en una o algunas organizaciones nacionales y apoyado por un poder central democrático.

EL PLAN COLOMBIA COMO PLAN DE GUERRA Y MANTENIMIENTO DEL STATU QUO

Los analistas del Plan Colombia no han dejado de insistir en la forma como este es adaptado a las necesidades del posible donante y del público. Una cosa es la versión para Estados Unidos que enfatiza en la lucha antinarcóticos y otra el discurso ante la Unión Europea sobre inversión social Sin embargo cualesquiera que sea la versión que se estudie es posible descubrir unos elementos centrales:

- Teniendo en cuenta, que el negocio del narcotráfico mueve cerca de 50 mil millones de dólares en USA y Europa al año, que según el ejercito colombiano la guerrilla se lucra por cuidar los cultivos ilícitos de cerca de 500 millones de dólares al año y los cultivadores de los ilícitos de otros 500 millones de dólares, lo cual, sumando los beneficios de la guerrilla más los de los cultivadores (1000 millones de dólares) solo representa un 2% del total del negocio del narcotráfico por tanto resulta incoherente, diseñar un plan de tantas dimensiones para atacar un porcentaje tan mínimo. Lo único que logrará esto, es que ante la represión los precios de los ilícitos se disparen en las calles de Frankfurt y Nueva York, lucrándose aún más los bancos extranjeros encargados de lavar los dólares.

- La implantación de medidas para atraer la inversión extranjera y promover la expansión del comercio" fortaleciendo los tratados de protección de las inversiones foráneas y las disposiciones de libre importación de la OMC.

- Destrucción de los cultivos ilegales en el Putumayo y otras zonas del sur del país y sustitución por "proyectos productivos, principalmente cultivos permanentes....a través de alianzas estratégicas" entre inversionistas, grandes y pequeños propietarios que ofrezcan "oportunidades de empleo alternativo y servicios sociales a la población de las áreas de cultivo." El Plan se extendería a otras zonas del país en fases 2 y 3 posteriores.

- Restablecimiento del control militar en esas zonas y "modernización de las Fuerzas Armadas".

-Reforma institucional general, que incluiría la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.

-La reactivación de la economía.

La zona piloto escogida para el Plan Colombia tiene un interés estratégico:

ü Dentro de ella se encuentran localizados ininterrumpidamente proyectos de exploración petrolera.

ü Es el punto de entrada y control de la Amazonia, con su biodiversidad y multitud de recursos naturales, claves para el planeta;

ü Allí confluyen el megaproyecto de intercomunicación fluvial de Suramérica y la carretera marginal de la selva.

ü El canal seco Atlántico – Pacifico – Atrato Truandó y sus conecciones con el Ferrocarril Medellín – Buenaventura y las carreteras del Pacifico a Medellín y Pereira.

ü La carretera Urabá – Maracaibo y el sistema víal antioquia y Venezuela.

ü La intercomunicación Rio Orinoco, Rio Meta – Buenaventura, como plan estrategico y económico para el saqueo de los Pueblos de America Latina.

ü Es zona fronteriza con Ecuador, país petrolero en crisis y donde Estados Unidos ha trasladado parte de las instalaciones militares que operaba en Panamá.

Estos proyectosvienen a contribuir en la división geografica de nuestra nación, poniendo en riesgo la unidad político social.

Dentro de este contexto que prioriza al Putumayo por razones estratégicas, el presidente Pastrana ha ido más lejos en las ofertas a los sectores privados extranjeros y nacionales: se reunió con los empresarios petroleros y de la electricidad en Houston y el 11 de febrero de 2000 anunció a los empresarios colombianos reunidos en el Congreso de Calidad, que solicitaría el ingreso al NAFTA y propondría una reforma constitucional para dar más libertad a las inversiones. En el caso de México esa reforma, concordante con el ingreso al NAFTA, incluyó la eliminación de la inalienabilidad de las tierras comunales y el subsiguiente levantamiento armado de los indígenas zapatistas.

Sin embargo, la más grande contradicción ocurre entre las expectativas que crea el Plan y la realidad colombiana y en particular la realidad militar. Una operación como la propuesta conduciría a una escalada de guerra. La situación de los últimos años, meses y días, muestra que la tarea militar no tiene ninguna garantía de éxito y es totalmente incierta. Los analistas nunca previeron que después de los acuerdos de paz con parte de la guerrilla en 1990 y 91, las guerrillas incrementarían su poder a los niveles de hoy. Una choque con su base social en el Putumayo podría fortalecer en gran escala su reclutamiento, como ha ocurrido en ciertas áreas de masacres de paramilitares o de fumigaciones y para completar, la guerrilla podría implantarse en las nuevas zonas donde marcharan los colonos en la selva, como ya sucede con en áreas nuevas de colonización donde marchan campesinos, indígenas y afrocolombianos desplazados por la violencia o las fumigaciones.

El escenario político regional es otra causa de incertidumbre, en especial la situación de Ecuador. La inestabilidad se extiende ahora a Perú y las movilizaciones populares a Bolivia. Una tempestad continental podría ocurrir, si se tienen en cuenta el fortalecimiento de la izquierda en México, Salvador, Brasil, Uruguay y Chile y la nueva estructura política de Venezuela. La escalada militar "antinarcóticos" en el Putumayo, es una aventura de desenlaces impredecibles e inesperados.

EL Plan Colombia es una imposición, demostrada ya que en Estados Unidos el Parlamento se reunió por varias oportunidades a discutirlo, mientras que en Colombia fue inconsulto, y por ende punta a generar el escalonamientodel conflicto en contravía de la solución política negociada.

Por lo anterior expuesto, el mobimiento campesino, Indígena y Afrocolombiano reunido en el Encuentro Nacional de Bogotá, expresa ante los donantes públicamente que rechazamos el Plan Colombia impueto por ser un plan para la guerra y no para la Paz. Y hacemos un llamado a los Donantes para que cualquier ayuda esté condicionada a la Inversión Social presedida de una amplia concertación real con el Movimiento Insurgente, los Gobiernos y Entidades donantes, el Gobierno Colombiano y las Organizaciones sociales Colombianas.

PROPUESTAS

Las organizaciones campesinas no nos limitamos a la crítica del modelo dominante, sino que tenemos unas propuestas alternativas, un modelo diferente. No vamos a servirle de hoja de parra al Gobierno para encubrir la terrible propuesta del "Plan Colombia". Nosotros rechazamos ese Plan y proponemos el siguiente plan alternativo.

Definir junto con las organizaciones de los productores y los trabajadores los renglones prioritarios de la producción, las regiones más adecuadas para estos desarrollos y las acciones y recursos necesarios para su afianzamiento. Estas acciones y recursos deberán incluir instrumentos para facilitar la disponibilidad de tierras y demás recursos para la producción (crédito, tecnologías, riego, vías, electrificación, medidas para reestructurar las explotaciones) y ampliación de las pequeñas explotaciones, supresión del latifundio, desarrollo de pequeños asentamientos que faciliten la provisión de servicios para los campesinos, indígenas y afrocolombianos y trabajadores del campo.

Regionalización de la política de desarrollo (incluyendo la ruralidad) bajo orientaciones centrales pero descentralizada en su diseño y operación.

REFORMA AGRARIA

El segundo objetivo estratégico es lograr que el suelo se use de acuerdo con su potencialidad, de acuerdo con sus características agroecológicas. Distribuyendo y limitando la tenecia de la tierra dentro de la frontera agrícola y protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente. Para cumplir este objetivo en Colombia es necesario reducir la renta absoluta del suelo, de manera que la rentabilidad de su uso adecuado sea superior a su precio.

Establecer un subsidio del 100% del valor de las tierras, eliminando mercado de tierra ya que el campesino está siendo ahorcado por el crédito, debido a que las tasas de interés son superiores a la rentabilidad real del predio. Efectivamente la casi totalidad de “beneficiarios” están en mora y la cartera vencida alcanza cerca de 10 mil millones de pesos. Los de los años posteriores lo estarán apenas se termine el período de gracia. Es decir que el subsidio no alcanza a cumplir su papel: garantizar que la rentabilidad de la finca permita pagarla.

Dentro del contexto de la Ley 160/94, se ha dado cabida además a una figura novedosa, las “zonas de reserva campesina”. Dirigidas a estabilizar los asentamientos de pequeños productores, con restricciones para la venta de los predios a fin de neutralizar la concentración de la propiedad y de afianzar modalidades productivas ambientalmente sostenibles.

Precisamente una de las propuestas centrales del movimiento campesino actualmente es la de que se otorgue el carácter de zona de reserva campesina a todas las tierras que tienen los campesinos, indígenas y afrocolombianos en le país, con el fin de asegurar el espacio geográfico para su desarrollo y para sacar del mercado las propiedades de las familias a fin de trancar la presión económica y militar existente para sacar miles de familias pobres de sus tierras, incluidas las entregadas por el propio estado como parte de la reforma agraria marginal que adelanta.

Un tercer aspecto lo constituye una adecuada planeación sectorial, que contendría lo siguiente:

Demandamos del Gobierno respeto y cumplimiento de los acuerdos Regionales y Nacionales pactados con las comunidades mobilizadas en el país, firmados por las diferentes administraciones y que hoy siguen teniendo vigencia, ante el olvido y el abandono que sigue prevaleciendo fundamentalmente en el campo.

Sistemas Productivos: Se debe buscar la consolidación de sistemas de producción altamente competitivos y modernos, realizados en pequeñas, medianas y grandes explotaciones eficientes, los campesinos, indígenas y afrocolombianos a través de las cooperativas y demàs formas asociativas, deberán ser los verdaderos dueños de los sistemas agroalimentarios. Los trabajadores asalariados participan en las empresas y los sindicatos forman parte de las directivas de las empresas del sistema.

Papel Estatal: Se propende por un Estado democrático, con políticas de largo plazo, regulando la propiedad para que no se salga de su cauce de manera que atente contra la igualdad, proveyendo los bienes públicos, operando con una normatividad moderna y elaborada con la participación de los agentes del sector rural, utilizando intensamente los incentivos para promover la inversión y el adecuado uso de los recursos, manejando políticas diferenciadas para el desarrollo rural con fondos de compensación para las regiones.

Políticas de crédito: Todos los productos disponen de líneas de crédito especiales de acuerdo con sus ciclos productivos a tasas de interés preferenciales. Las inversiones para adecuar las tierras y para establecer agroindustrias cuentan también con amplios mecanismos de subsidios. Se debe establecer que para el acceso a los créditos se deberán usar tecnologías limpias y un uso adecuado del suelo.

Políticas de investigación: Las cooperativas y otras formas asociativas en asocio con las Umatas y las universidades regionales ejecutaran toda la investigación. Los fondos parafiscales también deberán apoyar la investigación.

NO AL MODELO NEOLIBERAL

La política económica necesita readecuar sus objetivos, metas, instrumentos y recursos en una forma esencial, de acuerdo a la concepción del desarrollo sostenible y al cambio cultural y político propuesto. Se trata de abandonar las prácticas economicistas y el sometimiento a los intereses creados y en especial al mercado mundial.

La baja sostenibilidad social del modelo neoliberal es evidente hoy en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pero especialmente en la región andina. Los reciente hechos de Ecuador son el mejor ejemplo de cómo la región se verá convulsionada si se insiste en las recetas monetaristas y del libre comercio. Las luchas indígenas en Chile y México, el movimiento campesino en Brasil y Paraguay y la dura oposición de los campesinos bolivianos a las fumigaciones de sus cultivos de coca, son otros ejemplos.

Otra meta que hay que alcanzar para cumplir este objetivo es la readecuación política y organizativa de las instituciones ambientales. No puede lograrse que la política económica se readecue a las necesidades ambientales, si las propias instituciones ambientales no lo hacen. En lugar de buscar afanosamente eliminar los requisitos ambientales del desarrollo, como las licencias ambientales, el Ministerio del Ambiente y las Corporaciones deben defender las normas que protegen los ecosistemas estratégicos, la diversidad biológica y cultural y la calidad de vida de las comunidades.

NO AL DESMONTE DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR

Mientras las comunidades y organizaciones venimos pidiendo la aplicación de una vigorosa política de inversión social agraria, vemos es la desfinanciación total de las entidades estatales destinadas al desarrollo rural y como única perspectiva la aplicación del Plan Colombia que no contiene estrategias reales de desarrollo del sector rural ni de protección de la economía campesina. Incluso frente a situaciones de inequidad evidente donde el Estado definido como “estado social de derecho” debería intervenir, se nota el abandono de su papel. Colombia está desmontando su institucionalidad pública dedicada a la reforma agraria, la adecuación de tierras, la cofinanciación, el apoyo a la pesca artesanal, la investigación y transferencia de tecnológica, la formación técnica y profesional, etc.

De hecho, en el Ministerio de Agricultura estudian la posibilidad de liquidar los entes estatales y entregar –por vía de una descentralización perversa- a los gamonales locales las responsabilidades del Estado central en desarrollo rural.

No estamos entonces frente a simples reformas para despedir trabajadores: estaríamos frente a una maniobra política del latifundio interesado en sacar de la discusión temas como el derecho a la tierra. Por ello nos hemos pronunciado ante el alto gobierno colombiano rechazando el Plan Colombia, exigiendo fortalecer programas de desarrollo rural y reforma agraria y las entidades de apoyo a la economía campesina, suspender los recortes económicos y el abandono de los campesinos a su suerte y a la guerra.

CONCLUSION

Podríamos concluir de la siguiente forma: Algunos esperan que la solución para el sector agropecuario esté en encontrar un producto adecuado que se pueda vender masivamente en el mercado mundial. Y efectivamente hoy hay que preocuparse por lo que se podría exportar, pero todo producto resulta vulnerable a los ciclos y crisis de superproducción por falta de planificación y tarde o temprano los mercados se saturan y bajan los precios, luego sin dejar de preocuparse por la situación de los mercados, hay algo más importante ¿ Bajo cuales relaciones sociales y económicas se produce y se comercializa?

Se dijo que las frutas eran la solución y el occidente del país produjo maracuyá, el precio se derrumbó y los agricultores quebraron. Hace 30 años se impulsó a todo el mundo en Cauca y Santander a sembrar fique, pero esta fibra fue substituida por sintéticas y la gente quedó encartada con las plantaciones. Los agricultores del sur del Atlántico fueron exitosos con el tomate, pero se aceptó la libre importación y quebraron.

Durante el siglo XIX Colombia vivió las bonanzas del tabaco, los sombreros artesanales, la quina y el añil. Luego fue la explotación esclavista del caucho en la Amazonía la que entró masivamente al mercado mundial, pero igual se derrumbó cuando en Malasia los Ingleses desarrollaron plantaciones propias. Todos estos productos fueron primero un gran éxito y luego un gran fracaso, que dejó muerte y pobreza de trabajadores superexplotados y destrucción ecológica y cultural en gran escala como la provocada por las caucherías en la Amazonía.

Hoy se predica la Palma Africana como la panacea, pero en 1.999, a escala internacional las cotizaciones del aceite de palma crudo cayeron 25% entre Enero y Marzo de ese año y el de soya cayó en 27% en el mismo periodo registrándose su menor cotización de los últimos 10 años.

Ningún producto tiene virtudes mágicas, sino que hay que tener un sistema agropecuario que garantice el bienestar a la mayoría de la población. Podemos ver que se trata, con el ejemplo del café, que es el producto que por un mayor tiempo sirvió a la economía del País como eje.

Por una parte, la producción cafetera se sostuvo en el mercado mundial en forma competitiva, gracias a que por las luchas campesinas e indígenas del comienzo del siglo XX la mayoría de los Colonos lograron liberarse del yugo del latifundio y la economía empresarial cafetera surgió del campesinado, que generó dentro de sí mismo, granjeros exitosos.

En segundo lugar se crearon instituciones cafeteras para regular el mercado que contribuyó en la estabilización de los ingresos, organizando y poniendo a disposición recursos para la inversión social y productiva, aportó en la infraestructura cafetera de la Zona y generó industria y empleo en varias áreas.

En tercer lugar se creó el pacto mundial del café que reguló por varios lustros las relaciones entre productores y consumidores. Sin embargo, éste pacto fue roto por Estados Unidos y las grandes trasnacionales tostadoras, aprovechando el cambio de correlación de fuerzas políticas y económicas mundiales y la crisis de las economías del tercer mundo. El sometimiento de la producción cafetera a grandes empresarios, complementada con la orientación Neoliberal a partir de los noventa, trajo como consecuencia el uso en gran escala de agroquímicos y la destrucción del equilibrio ecológico y por ende la crisis del subsector del café.

La virtud del café estuvo en las relaciones de producción, financieras y de mercadeo nacional e internacional más adecuado, pero su debilidad estuvo en que estas relaciones no se extendieron al resto de la economía nacional e internacional y terminaron por asfixiarlo.

No se trata de idealizar lo que ocurría con el café, pues se cometieron también grandes injusticias y errores y la federación de cafeteros fue dirigida en forma elitista y excluyente. Se trata de dejar claro que lo más importante no es ¿qué se produce? Si no ¿cómo se produce? Es decir bajo que relaciones sociales de producción, mercadeo, finanzas y protección ambiental.

En la situación del periodo más reciente, los productos exitosos han resultado ser la coca y la amapola. Esto por que dentro de las relaciones generadas por el modelo neoliberal que imponen la selección de la producción según las “ventajas comparativas”, son estos los productos que el libre mercado deja a Colombia. Aún es así, es el colono alejado del latifundio el que puede cumplir la misión de producirlos. Para salir de tal situación hay que modificar las relaciones sociales, a partir de la siguiente síntesis :

Ante la expanción de los grupos paramilitares, auspiciados por el Gobierno y el poderío económico, como política de contrareforma agraria, EXIGIMOS EL DESMONTE INM,EDIATO DE ESTOS GRUPOS, COMO PREMISA PARA ALCANZAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL.

1. Liquidando el latifundio que domina las tierras agrícolas del país, dedicadas a la ganadería extensiva o tierras de engorde esperando supliesen con mayores ganancias. Los campesinos garantizan lo que queda en producción de alimentos, que por demás abastecen los sectores populares. Entregar estas tierras a 360.000 familias en Reservas Campesinas, generaría 1´500.000 empleos, podría garantizar la Seguridad Alimentaría del país y ampliaría en forma gigantesca el mercado interno. Sería necesario limitar radicalmente el mercado de tierras, para evitar que vuelvan a manos del latifundio.

2. Modificando los tratados comerciales y de inversión, de manera que se recupere la soberanía económica, se reduzcan las importaciones de alimentos actualmente multiplicadas por ocho, se proteja y fomente la producción nacional y se garanticen canales de mercadeo, cadenas productivas y precios de sustentación a los productos. Colombia tiene que modificar sus tratados comerciales y proteger y fomentar su producción agropecuaria como lo hacen Europa, Estados Unidos y Japón.

3. Fortaleciendo la Institucionalidad Agropecuaria y de Servicios, generando fuertes instituciones del estado de apoyo al campo y al campesinado, Indígenas y Comunidades Negras, en lo que se refiere a la generación y transferencia de tecnología, protección ambiental, crédito, mercadeo, capacitación y educación formal y no formal teniendo en cuenta la experiencia de las instituciones existentes y los aportes de las comunidades organizadas, salud, infraestructura y adecuación de tierras.

4. Poniendo en funcionamiento un sistema nacional estatal de información y proyección de mercados y precios, que asesore y mantenga informado al productor. Con este sistema se podrá escoger el producto más adecuado en cada coyuntura y sembrar lo que más le conviene al productor acorde a una planificación en producción de escala, oferta, sostenible y en cantidades que puedan competir en el mercado al que se enfrente.

5. Fomentando el procesamiento de los productos por los mismos productores de manera se facilite su participación en diversas fases de la cadena productiva, disminuyendo su dependencia de intermediarios y de oligopolios industriales que fijan los precios arbitrariamente.

6. Asociando a los productores en cooperativas, empresas comunitarias y otras formas asociativas que aprovechen las economías de escala cuando existan y fortalezcan la capacidad de negociación del productor.

7. Dando prioridad a la defensa del medio ambiente y la comunidad, Evaluando el impacto ambiental, social, económico y cultural, de la tecnología y sus efectos sobre la salud de los productores, vecinos y consumidores. Se impedirá la disfunción de agroquímicos, biotecnologías transgenicas y otras tecnologías cuyo daño ha sido comprobado o cuyos impactos no hayan sido investigados a fondo.

8. Respetando la diversidad cultural, entendiendo que las culturas indígenas,afroamericanas y campesinas son en sí mismas una gran riqueza para Colombia y que cada cultura tiene derecho a decidir su futuro.

9. Entregando poder a las comunidades y sus organizaciones. Esto significa generar una democracia real y participativa donde las comunidades y sus organizaciones tendrán capacidad de gestión y poder decisorio y recibirán el aval político y el aporte económico estatal.

Todo lo anterior solo es posible a partir de concretar en la práctica una salida civilizada a las causas políticas, sociales y económicas que han generado la violencia. Por ello nosotros demandamos junto a los demás sectores populares nuestra participación activa y autónoma de las diferentes instancias donde se busque con nuestro concurso y poder de decisión ubicar las mejores alternativas que hagan viable la Paz con Justicia Social que nuestro pueblo demanda. A PARTIR DE LA SOLUCION POLITICA DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO.

El acrecentamiento del conflicto armado ha vinculado a los jóvenes, muchas veces contra la voluntad de sus padres, conflicto que consume la mayoría de los recursos económicos en desmendro del desarrollo del País, por ende nuestro compromiso es con la Paz en Justicia Social, con el campo y no con alternativas de guerra como las que trae implicito el Plan Colombia, por ello somos PAZ COLOMBIA.

ORGANIZACIONES CAMPESINO INDÍGENAS PARTICIPANTES EN PAZ COLOMBIA

domingo, 8 de noviembre de 2009

miércoles, 21 de octubre de 2009

La madera: la riqueza y la miseria en Chocó ¡Opina aqui sobre este ariculo de la revista semana, es otra forma de latifundio en Colombia¡

A lo largo del río Atrato se ven en las orillas árboles hasta que se pierde la vista, caseríos de cuando en cuando y decenas de enormes tablones recién aserrados amontonados, listos para la venta.

Cada año se explotan en promedio 4 mil hectáreas de bosques de Chocó para extraer la madera y venderla en Medellín, Cartagena, Pereira, Buenaventura, Cali y Bogotá. Pero los chocoanos viven en casas mal armadas sobre barro, charcos y basuras, sin alcantarillados y muchas veces sin energía eléctrica siquiera.

“A la gente no le queda de lo que tiene. Tanta riqueza que hay, y mire las comunidades cómo están de llevadas”, dice un líder negro.

¿Por qué la gente de Chocó tiene todo y les queda tan poco? Las comunidades negras e indígenas son las únicas dueñas de esa tierra y de las 50 variedades de maderas desde cuando la Ley 70 de 1993 les reconoció la propiedad de los territorios donde históricamente han vivido. O sea que, desde ese momento, extensas zonas que se consideraban del Estado, pasaron a ser de su propiedad.

Los terrenos que pertenecen a las comunidades negras están divididos en grandes parcelas que se llaman consejos comunitarios. Y a los territorios donde están los indígenas se les dice resguardos.

Si uno va por el río Atrato y mira al horizonte, puede que buena parte de ese gran territorio verde le pertenezca a cualquier persona indígena o negra que esté parada al lado de uno. Por eso es tan paradójico que de toda la madera que se extrae de allí, sea tan poquito lo le queda a esta gente, dueña de la tierra.

Trámite costoso

Lo que ha ocurrido es que, desde siempre, la explotación de madera en Chocó se ha hecho sin mayores controles. Para mitigar el deterioro de la naturaleza, el Ministerio de Ambiente emitió en 2007 la resolución 1393, que establece que quien posea una tierra y quiera aprovechar los recursos que hay en ella, debe hacerle una solicitud al gobierno, que decide, en este caso, la cantidad de madera en metros cúbicos que se pueden cortar.

Para pedir ese permiso, los consejos comunitarios y los resguardos deben presentar un estudio que diga cuántos árboles hay en el territorio, de qué especies son y qué medidas de grosor y altura tienen. Además, deben entregar un plan de aprovechamiento, donde diga qué es lo que se va a hacer allí, qué equipos se van a usar y cómo es que se respetará el ambiente.

Elaborar esos documentos vale un platal que no suelen tener los chocoanos nativos. Para pedir un permiso de extracción de 10 mil metros cúbicos, que es el promedio que se pide, hay que invertir sólo en los estudios al menos 10 millones de pesos.

Al ingeniero forestal Jesús Lácides Mosquera, ex director de la Corporación Autónoma Regional de Chocó (Codechocó) entre 1995 y 2002 se le ocurrió una solución al problema.

“Teníamos una coyuntura y era que los empresarios que venían cortando madera cuando las tierras eran del Estado, se vieron, de repente, parados en terrenos privados. Pero como los dueños de esa tierra no tenían con qué tramitar los permisos para aprovechar la madera, propuse que se asociaran”, dijo Mosquera a Semana.com.

Esa asociación consiste en que un empresario financia los estudios y consigue los permisos del gobierno. Por ese servicio, los consejos comunitarios y los resguardos les dan a los empresarios un 70 por ciento de descuento sobre el 30 por ciento de la madera que tienen autorización de explotar.

“Y a mí, que estoy asesorando, me dan otro 30 por ciento con un descuento igual”, cuenta Mosquera, que ya maneja ese modelo de negocio con 40 consejos comunitarios en la zona alta del río Atrato. El modelo se expandió por todo el departamento y lo están aplicando varios empresarios e ingenieros forestales.

A primera vista parece una asociación productiva, pero en la realidad estas comunidades terminan entregando el control sobre sus territorios a terceros a cambio de una fracción de su riqueza.

Como esclavos

Las normas están hechas para que los representantes legales de los consejos comunitarios y los cabildos de los resguardos tengan el control de lo que pasa en sus tierras. Así, quien va a sacar madera, debe tener su consentimiento para que Codechocó pueda emitir un salvoconducto que permita movilizarla por el río o por tierra. Pero tener un socio implica darle licencia para que diligencie salvoconductos ante Codechocó.

Y, ¿qué es lo que está pasando? Que no siempre el empresario que inyecta dinero es quien va y extrae la madera directamente, sino que, a su vez, revende su cuota del negocio autorizado.

Aparecen entonces los intermediarios. Ellos no suelen tener contacto con los representantes legales de los consejos comunitarios ni con los cabildos indígenas, sino con el empresario privado que tramita los salvoconductos.

Los intermediarios utilizan cuadrillas de aserradores, que son precisamente los propietarios de esos bosques, pues son los que los conocen bien y estan dispuestos a hacer el trabajo pesado para ganarse la vida.

El intermediario les da la motosierra, la comida y el combustible para que se internen en la selva durante meses, corten la madera, la saquen a las quebradas y la transporten hasta los sitios de acopio. Generalmente, deben llevarla hasta las cabeceras de los municipios más grandes, donde el negociante maneja sus redes comerciales.

“Aquí hay unos compradores que dotan de herramientas, comida y motosierras a las personas que cortan esa madera”, explica Manuel Humberto Moreno, alcalde de Vigía del Fuerte, un municipio que queda en la orilla antioqueña del Atrato.

Cuando llegan los aserradores, se liquida el valor de la madera y se les empiezan a descontar las cuotas que deben pagar por la motosierra, el alimento, la gasolina que se gastaron las lanchas y la misma motosierra.

“En últimas, la gente termina trabajando por un plato de comida, porque en lo que cobra no tiene en cuenta ni el esfuerzo que realiza ni el tiempo que se gasta trabajando y, fuera de eso, sale a deber”, cuenta una líder negra que ha observado la situación.

Sin control

Este modelo presenta tres problemas para los habitantes de las orillas del Atrato. Primero, no ven en la madera, el producto que más debería aportarles económicamente, una verdadera posibilidad de negocio.

“La madera no es recomendable por tanto pago que hay que hacer como transporte, combustibles y alimentación. No trae sino cansancio”, dice un líder indígena.

Si esa cantidad de gastos deben asumirlos quienes están dentro del modelo de negocio que está operando, para aquellos que no están en él sí que les sale más caro.

“Aquí uno corta cuando hay mucha necesidad. A veces le compran a uno y queda debiendo porque toca pagar 80 mil pesos de gasolina para la motosierra, 70 mil para la lancha, 100 mil al que maneja la motosierra, comida y el salario para los empleados, más los impuestos a los consejos comunitarios o los resguardos para que le den a uno el salvoconducto y los que cobra además Codechocó”, cuenta un habitante de la orilla del río mientras repara su motosierra para salir a cortar madera, sin esperanzas de obtener mucho dinero.

El segundo problema para las gentes negras e indígenas es que a sus territorios entran personas que ni siquiera se sabe quiénes son. Pueden ser enviadas por los intermediarios, que mandan a los aserradores a trabajar a cualquier parte donde hayan comprado árboles para cortar, o desconocidos que quieren usar las tierras ajenas.

Eso ha generado señalamientos y algunas tensiones. “El problema sobre la explotación de la madera es que los negros de la comunidad vecina no respetan nuestro territorio. Se pasaron el lindero”, según le dijo a Semana.com un líder indígena.

Entonces los líderes no saben si esas personas están dentro del negocio o si están robando sus recursos. Si tuvieran la potestad de certificar cuánta madera sale de sus resguardos o consejos comunitarios para que Codechocó expida los salvoconductos de movilización, podrían pelear más fácil por lo suyo. Pero como ya le han entregado a sus socios capitalistas parte de esa potestad también, perdieron el control.

Además, en 2007 se perdieron 800 salvoconductos en blanco de las bodegas de Codechocó y no se han recuperado ni se han detectado a los culpables. Posiblemente, sea muy fácil tener uno de estos en el mercado negro para movilizar la madera cuyo corte no ha sido autorizado por ninguna autoridad ni por ningún empresario.

Héctor Damián Mosquera, director de Codechocó, reconoce que “en todas partes hay tala ilegal, pero no tenemos la capacidad operativa para controlar todo el territorio”.

Silencio y miedo

Y si alguien nota que en su tierra están cortando madera sin permiso, prefiere el silencio, y este es el tercer problema del modelo que se está aplicando. ¿Por qué callan? Porque el primero que puso en practica la idea de repartir motosierras, comida y gasolina a cambio de trabajo fue el paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, y su bloque, el Élmer Cárdenas, que asoló esa región entre 1995 y 2006.

“El negocio de la madera era porque necesitábamos finanzas. Nosotros les
entregábamos la motosierra, la comida y el combustible al precio que valía. Y como la tropa avanzaba combatiendo a la guerrilla, ellos trabajaban en zonas que estaban más controladas y nos vendían la madera a nosotros al precio que se vendía en Riosucio. Si nos vendían a 700 mil, nosotros se lo vendíamos al comprador de Cartagena a 850 mil, por decir algo. En Cartagena nos compraban directamente a nosotros. Manejábamos 200 motosierras, 400 ó 500 mulas, que podían producir 100 millares de madera trimestral”, según le dijo ‘El Alemán’ a la revista SEMANA en una entrevista.

De acuerdo con sus declaraciones, en su negocio no había contrabando. “Los campesinos tenían los permisos y lo único que nosotros hacíamos era una venta. Pagábamos a la proveedora, pagábamos combustible y pagábamos un porcentaje a la máquina y a los semovientes. Le vendíamos al que nos trajera la plata en efectivo, nosotros no fiábamos. Nos llegaba la plata en costal. Había meses de 200 millones, 100 millones. Era la participación que teníamos nosotros. Y el campesino tenía la posibilidad de volver al monte e ir pagando la herramienta que no tenía”, dijo 'El Alemán' en aquella entrevista.

La gente de la región, conociendo cómo actuaban estos hombres y que estaban detrás de muchos de quienes entraban a cortar madera en sus tierras, considera todavía que es mejor no hablar.

Cuando existía el bloque paramilitar Élmer Cárdenas, quien no estuviera dentro de su esquema de negocio debía pagar vacunas. “Eran pagos concertados. Los madereros pagaban voluntariamente un impuesto del 5 por ciento sobre maderas finas y 3 por ciento sobre maderas ordinarias. A las personas que no querían contribuir, no se les tomaba algún tipo de retaliación. Esas empresas que aportaban eran Maderas del Darién y Tríplex Pizano”, de acuerdo con lo dicho por ‘el Alemán’ en sus versiones libres de junio de 2007.

Es decir, buena parte del negocio de la madera estaba controlado por los paramilitares. Por eso es que el aprovechamiento de la madera a lo largo del río Atrato es un tema casi secreto, del que no se habla en público.

“¿Usted quiere que le hable de la madera?”, pregunta la gente en susurro, mirando a los lados, para decir después: “pero aquí no”. En seguida, sugieren hablar en un espacio privado y sin que se vaya a hacer público su nombre. Y ahí sí comienzan a contarlo todo.

En Riosucio cuentan que los paramilitares les están pidiendo a los representantes legales de los consejos comunitarios un porcentaje del total de madera que les dejen cortar. De cada licencia piden el 10 por ciento.

Al que no acepte, lo amenazan. “Usted tiene que financiar esta guerra también”, es el pretexto que usan hombres que dicen pertenecer a las Águilas Negras. “Y vaya y denuncie y verá que más se demora usted en contar que nosotros en enterarnos”, les advierten.

Además, “cuando nos ven con madera, nos piden vacunas”, relata un indígena, igual de sigiloso, midiendo sus palabras.

El sargento Gabriel Peña, comandante de Policía en Riosucio, cuenta que “la gente dice que la extorsionan, pero cuando vamos a averiguar, dicen que no. Les da miedo hablar con nosotros porque creen que si los ven, piensen que nos están dando información y tomen venganza. El problema es que la gente no denuncia, pero se dice que por todas partes andan actores armados, están unos días y después se van. No hemos podido detectarlos”.

La guerrilla, que sigue asentada en las partes altas de las montañas, donde están los mejores árboles madereros, sabe que quien sube a cortar es porque está financiando a sus enemigos. A veces piden vacuna también, amenazan o golpean y les impiden su presencia a quienes suben a talar.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que en algunos lugares de este municipio, las Farc “han impuesto una exacción forzosa del cinco por ciento sobre la madera que extraen las comunidades e intervienen constantemente en las decisiones de las autoridades indígenas, además de realizar homicidios selectivos”.

Una fuente de esa institución en Bogota contó que es bien conocido que desde Vigía del Fuerte, en la orilla antioqueña del río Atrato, los paramilitares controlan sus operaciones. Pero también, en algunos lugares alejados del casco urbano de ese municipio, “las Farc están implantando cultivos lícitos e ilícitos y vienen explotando y comercializando recursos maderables”, según alertas emitidas por la Defensoría.

El coronel Hernando Herrera, jefe de Estado Mayor de la brigada XV, sabe que “en Chocó, la madera mueve mucho comercio y es por medio de pequeños y medianos comerciantes que los grupos ilegales buscan apoyo. Hemos combatido y hablado con los comerciantes para que denuncien”, pero nadie lo hace, según cuenta.

En últimas, en Chocó la gente sigue soportando la pobreza, bien sea por la violencia que los aqueja o porque están, como explica una lider, como la parábola del elefante. “¿La conoce?”, pregunta. Y responde: “a los elefantes de los circos los amarran desde pequeños a una cuerda y ellos se acostumbran a que ésta los domina. Pero cuando crecen, los elefantes tienen tanta fuerza, que son capaces de tumbar el circo entero. Sin embargo, se mantienen controlados cuando los amarran, porque no se han dado cuenta de lo que pueden hacer”.

Y eso, según ella, puede estar pasándoles a sus coterraneos de Chocó. Ya son dueños de la tierra y sus recursos, pero les falta usar el poder que tienen para exigir lo justo.

Cuando se den cuenta de que ya no son como los elefantes pequeños, ese paradójico paisaje de maderas, verdes de muchos árboles y pobreza a lo largo del río Atrato, podría convertirse en otro diferente, donde se vea que la riqueza que crece en esa selva todos los días es para quienes se ganaron su derecho a aprovecharla.



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Votos: 0 MIGUEL FIGUEROA GRANADOS
Y LOS PUEBLOS DEL PUTUMAYO QUE. CADA DIA SE ESTA EXPLOTANDO MAS PETROLEO. DESDE HACE 40 AÑOS SE HA EXPLOTADO. Y EN LOS ULTIMOS AÑOS SE ESTAN ENCONTRANDO MAS Y MAS POSOS. SI BIEN LA MISERIA NO ES IGUAL
Votos: 0 FELIPE BUENO ANGULO
Los negros del Chocó estan condenados a morir pobres y famelicos con la explotacion que ejercen sobre ellos los paramilitares y los politiqueros de oficio....pobres negros simpre en la esclavitud!!!!
Votos: 0 ricardo hinestrosa hinestrosa
El asunto es que lo que nada cuesta, volvamolo fiesta. Así ha sido con todo regalo estatal. Lo aprovechan todos menos los supuestos beneficiarios. Un detalle que falta del regalo. ¿La resiembra què?
Votos: 0 HECTOR FABIO MUÑOZ MUÑOZ FIGUEROA
UN DIA ESCUCHE QUE EL GOBIERNO TENIA UN PROGRAMA QUE SE LLAMA SEGURIDAD DEMOCRATICA, QUE LE GARANTIZA A TODOS LOS COLOMBIANOS VIVIR EN MEDIO DE UN AMBIENTE DE PAZ Y PROSPERIDAD, ANTES ERA IMPOSIBLE; N
Votos: 0 CRISTHIAN LEONARDO BERMUDEZ RODRIGUEZ
Desafortunadamente este articulo dice solo realidades, sumandole el cobro exagerado por los estudios tecnicos que se requieren para una extraccion legal y sostenible por parte de disque profesionales
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martes, 6 de octubre de 2009

PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO

Familias en acción
Por Daniel Coronell


OPINIÓN
Gracias al hoy detenido senador Alirio Villamizar, padre de otro favorecido, los ganadores no pagan impuestos sobre estos dineros.
Sábado 26 Septiembre 2009

Lo más grave de las denuncias de la revista Cambio sobre el manejo que el gobierno le viene dando al programa Agro Ingreso Seguro no es que algunos ricos reciban subsidios con la plata de todos los colombianos. Eso es apenas otra expresión del modelo económico imperante que tiene amigos y detractores, y sobre el cual cabe la discusión.

Lo imposible de explicar consiste en que miembros de unas pocas familias -algunos de ellos donantes de las campañas del presidente Uribe- resulten favorecidos con las mayores tajadas de estos millonarios subsidios no retornables, teóricamente asignados en virtud de una aséptica fórmula matemática.

Un buen ejemplo es el de los Dangond y los Lacouture.

Silvestre Dangond Lacouture, a través de la empresa Palmas Oleaginosas del Casacará, hizo aportes para las campañas de Álvaro Uribe en 2002 y 2006. Un año después de girar la más reciente contribución, por cinco millones de pesos, su empresa palmera se presentó a la convocatoria de Agro Ingreso Seguro y ganó 447.297.788 pesos -plata de los contribuyentes- para instalar sistemas de drenaje y riego en sus tierras.

La empresa y su representante no tienen que devolverle ni un centavo al Estado. Eso es lo que en el lenguaje gubernamental se llama incentivo.

Otras personas que disfrutan de los ilustres apellidos Dangond y Lacouture, en distinto orden y con diversas combinaciones, también han recibido subsidios no reembolsables.

Alfredo Lacouture Dangond, donante de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe, resultó favorecido en el año 2008 por dos Agro Ingresos Seguros. El primero por 457.820.574 pesos y el segundo por 416.792.212 pesos. Algún talento especial deben tener estas familias para solicitar subsidios porque ese mismo año, su hijo Alfredo Luis Lacouture Pinedo se ganó otros dos subsidios no reembolsables que suman casi 900 millones de pesos. Mientras que la mamá, Isabel Mónica Pinedo de Lacouture, consiguió otro por 399 millones. A la hermanita, Victoria Eugenia Lacouture Pinedo, le tocaron 353 millones de pesos.

Muy competitivas han resultado también las ofertas de otros parientes: los hermanos Vives Lacouture.

Roberto Eusebio Vives Lacouture hizo moñona y obtuvo para empresas suyas dos subsidios que suman 920 millones. María Teresa Vives Lacouture, consiguió 348 millones para la suya. Patricia Vives Lacouture 465 millones. Silvia Rosa Campo Vives, casada con Juan Vives Lacouture, ganó 438 millones. Inés Margarita Vives Lacouture logró más de 770 millones de pesos. Álvaro Luis Vives Lacouture obtuvo para su empresa Banapalma 419 millones y Eduardo Vives Lacouture 429 para la suya.

José Francisco Vives Lacouture, doble primo de los anteriores, logró el mismo año 552 millones. José Francisco es uno de los aportantes de la Asociación Colombia Primero, la ventanilla siniestra que armaron los promotores del referendo reeleccionista para evadir los topes legales de financiación y presentar donaciones como parte de un préstamo.

También han recibido estos subsidios, entre otros, Victoria Arteaga Lacouture, María Gracia Morales Lacouture y Alberto Mario Lacouture.

Una historia similar les podría contar acerca de unos Dávila de Santa Marta -varios de ellos emparentados con los ya enumerados- y también grandes usufructuarios de Agro Ingreso Seguro y de otros programas gubernamentales.

Debe ser por eso, que el Ministro de Agricultura ha señalado, sin inmutarse, que el propósito del programa es beneficiar a las familias. Ciertamente no ha dicho a cuáles.

Como si fuera poco, y gracias al hoy detenido senador Alirio Villamizar, padre de otro favorecido, los ganadores no pagan impuestos sobre estos dineros. No tendría sentido que Colombia les quitara mezquinamente, una parte de lo que acaba de regalarles.